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El Gobierno Vasco mantendrá su nivel de endeudamiento en los presupuestos de 2026 como parte de una estrategia que busca «tomar la iniciativa» para reforzar « ... la inversión pública y privada en sectores clave de la economía vasca», especialmente la industria. Así lo confirmó este martes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se aprobaron las directrices económicas de las cuentas públicas del próximo ejercicio. Estas líneas maestras estarán guiadas, según subrayó d'Anjou, por cinco ejes estratégicos: «mejora de la vida de las personas, crecimiento económico y bienestar, transición energética, modelo de convivencia justo y refuerzo del autogobierno».
El Ejecutivo autonómico construirá las bases del presupuesto sobre una cifra de 15.728 millones de euros -el presupuesto inicial de 2025-, con un objetivo de «crecimiento moderado» del gasto público. Las previsiones económicas no cambian y apuntan a un crecimiento del PIB del 1,8% en 2026 -frente al 2,1% estimado para este año-, una tasa de paro del 7% y la creación de 12.000 empleos. «No se trata solo de gastar más, sino de gastar mejor. Vamos a tener que compaginar la rigurosidad fiscal con las inversiones estratégicas que queremos poner en marcha», señaló d'Anjou. También recalcó que, pese al buen comportamiento de la recaudación, será necesario esperar a septiembre para disponer de estimaciones más sólidas. «Nos movemos en un marco de incertidumbre, y eso exige prudencia», advirtió.
Una de las claves del presupuesto será la activación definitiva de la Alianza Financiera Vasca, un nuevo instrumento de movilización de capital que el Parlamento autorizó el pasado 22 de mayo al aprobar una modificación de la Ley de Presupuestos de 2025. Esta reforma permite al Ejecutivo autonómico aumentar en 1.000 millones de euros su capacidad de endeudamiento, con el objetivo de canalizar inversiones hacia el tejido productivo a través de acuerdos con entidades financieras y EPSV. Y, en esta precisa línea, d'Anjou adelantó que las directrices para al año que viene «no contemplan» reducir el nivel de deuda porque «nos toca ser un actor que estimule la economía vasca», precisó.
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La iniciativa, parte de la movilización de 2.150 millones de capital público anunciada por el lehendakari en abril, nace con la ambición de reactivar sectores estratégicos -especialmente afectados por la crisis de la automoción y los aranceles impulsados por la administración Trump- y actuar como escudo frente a posibles ciclos de desaceleración. Según explicó d'Anjou, la nueva herramienta financiera vasca pretende «dinamizar la industria y consolidar el arraigo empresarial» en Euskadi.
La Alianza Financiera Vasca funcionará como un modelo de colaboración público-privada, liderado por el Instituto Vasco de Finanzas, en el que participarán Kutxabank, las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital, Laboral Kutxa, BBVA y las principales EPSV vascas. Los 1.000 millones de financiación pública se conciben como una palanca para movilizar hasta 3.000 millones de inversión privada, en línea con el nuevo plan industrial que presentará hoy el Gobierno Vasco.
Entre otras medidas destacadas incluidas en las directrices, el Ejecutivo aprobó una estrategia para integrar la perspectiva de género en todos los presupuestos del sector público y ha fijado un incremento mínimo del 6% anual en la inversión en I+D+i. Esta inversión se considera esencial para mantener la competitividad en un entorno global cada vez más digitalizado, como destacó el consejero. En el ámbito medioambiental, d'Anjou recordó que eventos recientes como el apagón eléctrico del pasado abril o los fenómenos climáticos extremos subrayan la urgencia de avanzar» hacia un modelo productivo más sostenible y resiliente».
El calendario presupuestario arrancará formalmente en septiembre con la presentación del primer borrador. Está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto el 28 de octubre y lo remita al Parlamento Vasco antes del 31 del mismo mes. El Ejecutivo manifestó su voluntad de iniciar las negociaciones con los grupos parlamentarios antes de esa fecha, apelando a un «clima de diálogo y escucha».
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