La escalada de precios de la vivienda dispara a cifras récord los ingresos fiscales en Gipuzkoa

Se trata de un techo histórico financiero que tiene su reflejo también en los ingresos totales de Euskadi, que se catapultan hasta los 75,7 millones –un aumento del 35,1%–. Todo ello contribuye a que las arcas vascas hayan ingresado en el primer cuatrimestre del año 6.064 millones, 600 más que el año pasado, aunque son el IRPF –el vigor del empleo con récord de afiliados– y el IVA –el repunte del consumo– los grandes motores de la buena marcha de la economía.

El ITP y el AJD son los tributos que gravan la compraventa de los inmuebles usados. Son dos impuestos de carácter indirecto y su gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas. El primero afecta a las transmisiones de bienes y derechos de carácter patrimonial, entre los que se incluyen la constitución de préstamos hipotecarios, la cesión de derechos sobre inmuebles o la compraventa de casas usadas. El comprador de una vivienda habitual debe abonar a la Diputación un 2,5% del valor del piso. Un tipo impositivo que aumenta a un 4% si se trata de una compra como inversión. Así, por la adquisición de una casa de 300.000 euros, se deben abonar a Hacienda 7.500 euros si se trata del domicilio en el que se va a empadronar el comprador y 12.000 euros si no es así. El AJD, por su parte, de menor peso recaudatorio, grava los documentos notariales y mercantiles, como las escrituras de préstamo hipotecario o las pólizas de seguro.

Como el valor de las viviendas es hoy mucho más elevado que hace unos años –se sitúa en niveles parejos al de la burbuja inmobiliaria–, los ingresos han llegado a niveles nunca vistos desde que hay datos. ¿Por qué? Como la base imponible es el valor del bien transmitido, a medida que aumenta el valor de mercado crece también la base.

Pero el próximo reto de Euskadi, también de Gipuzkoa, es aumentar el peso que la obra nueva tiene en el mercado inmobiliario. No en vano, en lo que llevamos de año únicamente dos de cada diez compras de pisos se realizan sobre vivienda de nueva construcción, con lo que el 80% de las operaciones se realizan en el mercado de segunda mano.

El asunto no es baladí, porque si la transferencia de propiedad y la hipoteca en ambos casos se ven gravados por el AJD, el de ITP solo se aplica en la vivienda usada. En estas operaciones no se carga el IVA –como en las compra de obra nueva–, pero sí el ITP.

En este contexto, cobra especial relevancia la Ley de Medidas Urgentes que pretende acelerar la construcción de vivienda en Euskadi, una iniciativa que PNV y PSE registraron esta pasada semana en el Parlamento Vasco. La iniciativa acarreará reajustes respecto a la Ley del Suelo que Euskadi tiene en vigor desde 2006 y que ahora mismo se consideran una barrera para hacer frente al problema de la vivienda.

Otra de las cuestiones llamativas es la del porcentaje de VPO que deberá incluir cada nuevo proyecto. Ahora mismo el 75% de los pisos que formen parte de cada promoción que empiecen a ejecutarse deben estar calificados como públicos, con lo que eso supone en la limitación de precio, un baremo que está retrayendo a las constructoras. Al parecer no les salen los números con ese cupo de vivienda libre así que el plan de choque autoriza a reducir el porcentaje de VPO hasta el 60%. Medidas, en definitiva, que persiguen aumentar la oferta y construir vivienda nueva, con precios más elevados, lo que contribuye a que las Haciendas ingresen más por los tributos que gravan las transacciones inmobiliarias.