García Ortiz descarta dimitir y reivindica su «inocencia»

«Conocido el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado en la causa especial 20557/24, que supone la finalización de la fase de instrucción del procedimiento, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma», rezaba textualmente el comunicado enviado desde el gabinete de la máxima autoridad del Ministerio Público. En esa misma nota, la Fiscalía explica que García Ortiz, tras conocer la voluntad del juez de Supremo de llevarle al banquillo, «reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación».

Que García Ortiz, que ha negado siempre estar detrás de la filtración, no iba a dimitir por el hecho de que Hurtado pidiera juzgarle por un delito de revelación no ha sido ninguna sorpresa en medios judiciales. El fiscal general, que en todo este año largo de investigación sobre la filtración ha tenido siempre el respaldo del Ejecutivo que le nombró, ya descartó renunciar, si quiera temporalmente mientras durara la instrucción, cuando el pasado 16 de octubre de 2024 el Supremo le convirtió en el primer fiscal general de la historia de España en ser imputado en ejercicio de sus funciones.

El fiscal general también ese aferró a su cargo cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificó que había tenido un «papel preeminente» en la operación para filtrar los datos del mail del abogado de Alberto González Amador, ni cuando los especialistas de este mismo departamento revelaron que García Ortiz había realizado un borrado exhaustivo de los mensajes de su móvil, además de cambiar de terminal, pocas horas después de que el Supremo abriera un procedimiento contra él.

La pasada semana, Álvaro García Ortiz ya defendió su inocencia en el escrito remitido a la Sala Segunda del alto tribunal en el que pedía el archivo de la causa contra él. En ese alegato apuntó que cuando él accedió a la información, «ya había sido conocida, transmitida y contrastada» por periodistas y terceras personas y, que por tanto, los hechos investigados no cuentan con relevancia penal.

Sobre la eliminación de los datos del móvil de García Ortiz –sostuvo su abogado- fue «una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos». «El borrado de los datos del terminal telefónico realizado por mi patrocinado, además de constituir una actuación legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos, no constituye en ningún caso indicio de autoría de delito alguno», arguyó su defensa.