Una de las socialistas que dejó paso a Gallardo en el Parlamento da un paso al banquillo por prevaricación

La jueza Ana María González Olalla dictó el pasado jueves un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado. Considera que «existen indicios suficientes contra la investigada» cuando en su condición de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se licitó la contratación de tres obras de cubrición de pistas en los polideportivos de las tres pedanías: Valuengo, La Bazana y Brovales.

A pesar de que «los tres proyectos son idénticos, se fraccionaron las tres obras de construcción en trece contratos diferentes, de los cuales diez recibieron la calificación de contratos menores», indica la jueza.

En Valuengo la obra se presupuestó en 118.466,94 euros y se realizaron cuatro contratos menores. El primero en favor de Famparc por 25.000 euros el 6 de junio de 2018; el segundo con Parceleco por valor de 25.000 euros el 18 de octubre de 2018; el tercero a la misma empresa y el mismo día por 22.400 euros, y el cuarto con Hierro y Aceros Macarro por 25.000 euros.

Para cubrir la pista deportiva de Brovales se realizaron otros tres contratos menores. El primero a favor de Grúas Bancalero por 18.345 euros el 11 de octubre de 2018; el segundo con la misma empresa y el mismo día por 25.000 euros y el tercero a favor de Luis Gómez Baena e Hijos por 17.703 en febrero de 2019.

Con respecto a la pedanía de La Bazana se realizaron otros tres contratos menores y los tres con la misma empresa: Flores Carrasco Servicio y Obras. Dos de ellos firmados el 11 de octubre y un tercero en febrero de 2019.

En la resolución, la jueza indica que «no se acredita por la naturaleza u objeto del contrato que fuera necesario la realización independiente de cada una de las partidas del contrato por división en lotes, de manera que el contrato del sector público firmado pasare a ser una pluralidad de contratos menores con cuantía inferior a 40.000 euros que de este modo no quedaba sujeto a los requisitos de publicidad y adjudicación que se requiere para contratos de cuantía superior, dado que cada una de las tres obras constituía una unidad funcional».

La jueza entiende que existen indicios de prevaricación administrativa y decide que se continúe la tramitación de las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado por si los hechos investigados a Borrallo fueren constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa. Por ello le da traslado al ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación en el que soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Pueden solicitarse además más diligencias.

Contra la resolución se puede interponer recurso de reforma y apelación en el plazo de tres y cinco días.