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El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado este lunes que el Gobierno Vasco «construirá alrededor de 6.500 nuevas viviendas y alojamientos dotacionales ... de aquí a 2031 en las zonas declaradas como tensionadas o que está previsto declarar como tales», y ha agradecido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con la que se ha reunido en Madrid, los 5,5 millones de financiación extraordinaria dirigada a zonas tensionadas que el Gobierno de España destinará a Euskadi.
La ministra y el consejero de Vivienda y Agenda Urbana han mantenido este lunes en Madrid la primera reunión bilateral tras la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Barcelona. En dicho encuentro, cinco comunidades autónomas (Cataluña, Euskadi, Asturias, Navarra y Canarias) manifestaron su disposición a abrir una nueva vía de trabajo conjunto en materia de vivienda. Euskadi ha sido la primera en activar esta nueva dinámica de colaboración, que se enmarca en la construcción del futuro Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030. Un paso que, en palabras del consejero, refleja la voluntad del Gobierno Vasco de «participar y aportar su criterio y experiencia en este espacio de colaboración abierta para escalar políticas y presupuestos en materia de vivienda protegida».
En el transcurso de la reunión, la ministra y el consejero también han abordado otros asuntos en los que ambas administraciones están colaborando. Una de ellas es la aplicación de la Ley de Vivienda por parte del Gobierno Vasco, que recientemente ha declarado o está en proceso de declarar once municipios como zonas tensionadas (entre ellas, Donostia, Irun, Errenteria, Zumaia y Lasarte-Oria). Como consecuencia de esa declaración, Euskadi recibirá una partida extraordinaria de 5,5 millones de euros para que pueda adoptar las medidas necesarias para revertir esa situación.
El consejero Itxaso ha anunciado que «el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana construirá alrededor de 6.500 nuevas viviendas y alojamientos dotacionales de aquí a 2031 en las zonas declaradas como tensionadas o que está previsto declarar como tales».
A través de esta figura jurídica, el Gobierno Vasco refuerza la financiación dirigida a vivienda protegida, y aspira a que, en línea con el objetivo de promover 6.500 nuevas viviendas en los próximos años, esta dotación pueda incrementarse en futuros ejercicios presupuestarios del Gobierno central. Esta iniciativa busca responder a uno de los principales retos compartidos por ambas administraciones: la recuperación del equilibrio entre oferta y demanda habitacional en los territorios más presionados por el mercado.
Itxaso ha subrayado que la aplicación de la ley estatal de Vivienda «abre nuevas oportunidades de cogobernanza en una materia que las comunidades autónomas tenemos transferida». Una filosofía que, ha indicado, también aplica el propio Gobierno Vasco con los ayuntamientos. En este marco, ha propuesto a la ministra que Euskadi pueda presentar proyectos de construcción de nueva VPO en ciudades y pueblos vascos tensionados. «Es la principal vía para reequilibrar el desajuste entre oferta y demanda habitacional y poder salir del tensionamiento», ha afirmado.
En línea con lo adelantado por el lehendakari Imanol Pradales en la Conferencia de Presidentes, Itxaso ha planteado que Euskadi pueda participar en programas estatales de inversión en vivienda, con la condición de que esta sea calificada como protegida de manera permanente. «Esa condición la cumple Euskadi desde 2003, y gracias a ello contamos con el parque de vivienda protegida más robusto de España, en términos relativos».
Otro de los temas tratados ha sido la participación vasca en el despliegue del PERTE de la vivienda industrializada. «Euskadi tiene una gran tradición empresarial en el sector de la construcción, y la industria forma parte de nuestro ADN», ha explicado. Por ello, ha trasladado la intención de acompañar a las empresas vascas en esta transición hacia un modelo más industrializado, aprovechando los recursos habilitados por el PERTE.
La transparencia del mercado inmobiliario ha sido otro eje clave de la reunión. Ambas administraciones han compartido la necesidad de conformar un banco estatal de datos que permita «arrojar luz y transparencia» sobre el comportamiento de este sector. Itxaso ha puesto como referencia el Observatorio Vasco de la Vivienda, que acumula 20 años de experiencia, así como el programa Bizilagun, el depósito vasco de fianzas del alquiler que ofrece datos en tiempo real sobre el mercado de arrendamiento. «Queremos poner ese conocimiento al servicio de un gran banco de datos estatal, que permita conocer la evolución real del mercado más allá de conjeturas o alarmismos interesados. Es algo esencial que ya sucede con otros productos y servicios estratégicos».
Por último, el consejero ha aprovechado el encuentro para presentar a la ministra los contenidos de la proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, actualmente en tramitación en el Parlamento Vasco. Una norma orientada a «agilizar, flexibilizar y acortar los plazos y las exigencias en toda la cadena de valor de la vivienda», así como a «constituir una gran reserva vasca de suelo destinada a vivienda protegida».
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