El Gobierno tras el procesamiento del fiscal general: «Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender»

Alegría acusó al magistrado de hacer afirmaciones «sin pruebas», en la resolución que ha dejado García Ortiz al borde del banquillo tras ocho meses de instrucción, pero no solo en lo que se refiere al propio afectado sino también respecto al papel que atribuye al Gobierno en el supuesto delito investigado, la filtración de una carta en la que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asumió la culpabilidad de su cliente en dos delitos fiscales y planteó a la fiscalía un acuerdo de conformidad.

Hurtado sostiene que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» para «ganar el relato», después de que el 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, El Mundo publicara que había sido el Ministerio Público el que había propuesto un pacto a la pareja de la presidenta madrileña y no al revés. Alegría lo negó este martes «categóricamente». «Eso no no sucedió nunca y lamentamos mucho que el juez haya hecho afirmaciones así», argumentó.

En su auto, el magistrado también resta credibilidad al testimonio de varios periodistas que declararon haber tenido la carta del abogado de Alberto González Amador antes de que el fiscal general del Estado se la reclamara, esa misma noche del 13 de marzo del año pasado, al fiscal de la causa, Julián Salto, con la intención de elaborar una nota de desmentido. El Gobierno acusa a Hurtado de haber «tirado a la basura» esos testimonios realizados, subrayó Alegría, «bajo juramento».

El respaldo del Ejecutivo a García Ortiz y las insinuaciones de que es una víctima más de una campaña orquestada desde la derecha (jueces incluidos) contra Pedro Sánchez ha sido continuo desde el primer día. La duda siempre ha sido hasta dónde estaría dispuesto a sostenerlo o cuándo asumiría que había llegado el momento de empujarlo a dimitir para preservar la institución. De momento, en Moncloa insisten en que no hay razón alguna par hacerlo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya defendió el lunes que la continuidad en el cargo de García Ortiz es «perfectamente sostenible» porque el auto del Tribunal Supremo no es firme y puede ser recurrido. Alegría volvió a expresar un día después la «confianza» en su labor. «Vivimos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia forma parte de él; máxime -añadió- en este caso».